Las recetas de fármacos expedidas por médicos de la sanidad privada son las más difíciles de controlar para el sistema sanitario. Todavía la inmensa mayoría es una tarjeta o papel con el nombre y apellidos del facultativo, número de colegiado y el fármaco y detalle de sus indicaciones. Fácil de falsificar, de reutilizar y de manipular añadiendo medicamentos a mano o a ordenador. Hay casos en los que el médico que prescribe fármacos no está facultado para ello y, sobre todo, abundan las denuncias por parte de las farmacias de falsificaciones, fotocopias y manipulaciones de recetas de medicinas obtenidas en consultas privadas. Al no estar financiadas, esta parte de la importancia de su legalidad está cubierta; pero no así el interés sanitario, seguridad del paciente y la calidad.
Legislado en realidad lo está y entró en vigor con el año 2011 (Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre). Las exigencias de la receta de Sacyl y de la privada son similares; pero mientras en la pública el cumplimiento es estricto y el seguimiento completo, las recetas emitidas por hospitales o consultas privadas no lo son tanto.
El Colegio Oficial de Médicos de Valladolid implantó la nueva receta con sus requisitos legales y el desarrollo de una plataforma para acceder al modelo –actualmente se puede obtener de forma personal, desde la web o por correo electrónico– desde el mismo enero de 2011 pero su expansión y amplio empleo por parte de los colegiados tardaría un par de años en hacerse realmente efectiva. La ley daba un plazo de 24 meses en el que podían coexistir ambas recetas.
El modelo legal también puede obtenerse del propio BOE en un anexo de la citada ley.
«La emisión de la receta legal ofrece claras garantías como la trazabilidad, la de que el médico que la firma existe y está colegiado. Es una prescripción con toda la seguridad, similar a la pública», destaca el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, José Luis Almudí.
Así, en 2013, año en que se deberían retirar todas las antiguas, la inmensa mayoría de las prescripciones privadas ya eran conforme a la normativa. Aquel año, la organización colegial registró 158.900 recetas con todos los requisitos legales cumplidos. Pero, tan solo un año después, se redujo el número de emitidas a menos de la mitad, hasta solo 57.200 y el resto de los ejercicios registraron prácticamente una caída libre, con pequeños altibajos, hasta cerrar 2018 con solo 49.300 recetas estrictamente legales. Bajó a una tercera parte. Este año lleva un camino similar con 13.800 hasta ahora
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