Un centenar de médicos de familia que aprobaron las oposiciones de 2016 en Castilla y León tienen sus plazas en vilo. Una sentencia del Tribunal Superior de la comunidad ha anulado la prueba tras constatar que hubo que anular 17 de las 90 preguntas. Ello llevó a que se rebajara el aprobado de 45 a 41 aciertos. Pero uno de los afectados recurrió esa decisión, y ahora el fallo establece que «la Administración deberá elaborar un nuevo listado de aprobados teniendo en cuenta que la prueba se supera con 45 respuestas correctas».
«El perjuicio que ocasiona es grave y su repercusión en la asistencia sanitaria también lo es», afirma Francisco V. Martínez García, presidente de la asociación de médicos de familia Semergen en Castilla y León, que es la organización que ha calculado el número de afectados. Ese centenar de aprobados representan el 1,8% de los facultativos de primaria de la comunidad, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Precisamente Castilla y León es una de las regiones que más problemas tiene para cubrir esta atención, y por eso la consejería hasta se planteó hace poco contratar a licenciados sin la especialidad para cubrir los huecos, aunque tras emitir la instrucción interna correspondiente la anuló cuando se hizo pública.
Martínez García afirma que «existen antecedentes de anulación de otros procesos selectivos convocados por el Sacyl [Salud de Castilla y León], que necesitaron realizar las correcciones oportunas en el baremo adjudicando las plazas de nuevo», aunque «no hay constancia de que se anularan tantas preguntas» en otros casos. «En este caso fueron muchas las preguntas mal formuladas, lo que hizo «preciso utilizar las insuficientes preguntas de reserva». Es habitual que en las oposiciones de los médicos haya problemas con algunas preguntas (pasó también en las últimas pruebas para acceder a la especialización, el MIR).
Pero, además, el tribunal afirma que «en modo alguno puede concluirse que el tribunal calificador o quien haya sido el que haya formulado las preguntas haya actuado con la diligencia y competencia mínimamente exigibles”. Y por eso “exige que se depuren las responsabilidades pertinentes dadas las gravísimas consecuencias que se producen y la falta de consideración que conlleva la formulación de nada menos que 17 preguntas incorrectas frente a quienes con enorme esfuerzo participan de las difíciles pruebas de que se trata”. Y sentencia a la Junta a pagar 2.000 euros de costas.
La Administración castellanoleonesa no ha reaccionado públicamente a estas horas al fallo, que se supo ayer.